La cuarta transformación de la ética social
En el contexto de la cuarta transformación, vale la pena hacer una retrospectiva de lo que defienden los principios de este nuevo gobierno y la critica que se ha hecho al ciclo neoliberal que no logro ser la superación, ni salida de las crisis finales del desarrollo estabilizador como se esperaba, al contrario, todos los problemas que existieron y que existen se acentuaron y profundizaron, problemas no solo económicos y financieros sino cuestiones como la corrupción, el carácter poco transparente de las instituciones y de desigualdad se hicieron más presentes que nunca.
El propósito del Proyecto de Nación 2018-2024 ha sido construir un nuevo pacto social capaz de contener y remontar el desbarajuste al que fue conducido el país con una nueva ética social, no por la tolerancia implícita a la corrupción.
El recordar que las prácticas corruptas han dañado durante muchos años a las instituciones es importante durante el contexto que se está viviendo, donde todas estas acciones se han vislumbrado en caso actuales como el de Rosario Robles en SEDESOL, Carlos Romero Deschamps con Emilio Lozoya en el caso Pemex, entre otros que fueron encubiertos por gobiernos anteriores y que hoy día están saliendo a la luz y por fin enfrentan a la justicia.
Una de las banderas que ha defendido el presidente desde su inicio de gobierno es que nadie gane mas que el ejecutivo; sin embargo, recientemente se dio a conocer que el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Barlett Diaz y otros 42 funcionarios ganan más dinero por salario que el propio presidente, Bartlett está ganando mensualmente el sueldo neto de $135,448.00 mientras que el presidente, Andrés Manuel López Obrador gana $111,933.00.
Dicha situación contradice totalmente lo que el presidente ha defendido desde que asumió el cargo. El 24 de diciembre de 2018 se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 donde quedaron establecidos los recortes a los sueldos de los funcionarios públicos, así como la reducción al salario del presidente. A pesar de esa aprobación, y desde que fue publicado este Presupuesto, hubo muchas objeciones que llegaron incluso a tribunales donde se metieron impugnaciones y controversias legales como el Banco de México y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuyos resolutivos resultaron a favor.
En la vía de los hechos es incorrecto afirmar que nadie gana más que el presidente porque con esto se comprueba que realmente no, anteriormente se había cuestionado a los comisionados del INAI, la COFECE, IFETEL e INEGI por incumplir con este principio y ahora no debe ser la excepción; para defender la que ha sido una de las principales banderas del presidente, decidido a ser totalmente transparente y honesto, se hace necesario que también los funcionarios públicos se identifiquen con ella, de otro modo, el ciclo de lujos, dispendios y opulencia que caracterizaban a los gobiernos anteriores se replicara y no se podrá dar fe a la filosofía de “No al gobierno rico con pueblo pobre” considerando también que uno de los objetivos es regenerar la ética de las instituciones y de la sociedad.
Es imprescindible que si el presidente de la actual administración quiere reducir la desigualdad en el país, se creen las condiciones no solamente para favorecer el crecimiento económico sino que también se establezca una política social contundente, y esto es precisamente lo que se ha defendido a través de su Plan Nacional de Desarrollo y la Cartilla Moral donde se menciona que la moral debe estar por encima de las satisfacciones exteriores, entendiendo que el bien a otros debe estar por encima de la conveniencia de uno mismo. Y eso es algo que no le queda claro a muchos funcionarios públicos que les cuesta trabajo hacer lo correcto y lo justo.
México es uno de los países con mayor desigualdad en América Latina y esto se alimenta cada vez más con el pensamiento individualista que ha sido el mayor lastre histórico. Este ha sido un fenómeno muy complejo de tratar pues se manifiesta en diversas condiciones y niveles diferenciados entre personas y grupos de poder que hacen mayores las distancias entre las personas. Todo es reducido a las relaciones de poder. La distribución del ingreso es un tipo de desigualdad que se encuentra muy marcada en el país y en el contexto de América Latina. Para poder hacer frente a este problema es necesaria la participación activa de la población, de modo que no solo el estado refleje los intereses de los que representa, sino que establezca una verdadera política pública ligando lo económico, lo político, lo social y hasta lo cultural y esto implica un abandono y reconfiguración de las estructuras establecidas, una transformación de pensamiento no solo en las personas o la sociedad representada, sino también en lo que representa, esto significa transformar relaciones de poder, entendiéndonos como una sola sociedad a la cual se debe favorecer.
Hay que mirar a la política social como la oportunidad de poder cambiar esas ideas, que se transforme en el instrumento por medio del cual el estado cumple con la obligación de velar por los derechos sociales, la correcta distribución de la riqueza y no en el que perpetua las desigualdades favoreciendo a las instituciones y los grupos de interés que nos alejan cada vez mas de ser la sociedad cohesionada, justa y equitativa que esperamos.
Giovanna Melissa Romero Sánchez
