La 4T vs la Corrupción
La revolución político-ética de López Obrador



La jugada de López Obrador es más ambiciosa y trascendente que sólo meter a dos o tres exfuncionarios a la cárcel. Los delitos de los que se acusa a Emilio Lozoya, César Duarte y Tomás Zerón son sólo la punta de un témpano de impunidad y corrupción construido para fomentar los intereses de los neoliberales-políticos y empresarios, sin distinción. En su autoconcepción de omnipotencia y omnisciencia forjadas en las universidades neoliberales como el MIT, Harvard y el ITAM, los padres del neoliberalismo, construyeron un intangible salón dedicado al nepotismo e influyentismo, desde donde se confeccionaron los grandes saqueos al pueblo de México.


En este gran salón de la corrupción donde se operó, por ejemplo, el FOBAPROA, se dieron cita políticos relacionados con el PRI, el PAN y el PVEM, con sus trajes de administradores de la riqueza de grandes corporaciones y de hombres de negocios. No es casualidad que el FRENAAA, el Consejo Coordinador Empresarial, y los partidos citados, compartan los mismos ideales golpistas contra el gobierno de López Obrador.

Según la Real Academia Española, la corrupción es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de un integrante -léase servidor- de una institución pública en provecho económico o de otra índole, de sus gestores. Esto quiere decir que la corrupción tiene que ver con el aprovechamiento particular de cualquier facultad pública, ya sea la utilización de recursos para comprar o remodelar casas particulares, el uso del poder para conseguir o entregar contratos a sobreprecio, el abuso de autoridad para violentar los derechos y garantías individuales de las personas, etc.


Acorde con la definición citada, el gran salón de la corrupción cimentado en la teoría económica neoliberal, sirvió para confeccionar los grandes saqueos a los que fue sometido México durante los últimos 35 años. En ese salón se sentaron Vicente Fox con los representantes de la empresa Oceanografía. Allí mismo se dieron cita Tomas Zerón, Jesús Murillo Karam y Enrique Peña nieto para armar la “verdad histórica” de la desaparición de los 43.


Posiblemente en ese salón estuvo sentado Felipe Calderón con representantes del gobierno de Barack Obama para coordinar o soslayar -según sea- el operativo Rápido y Furioso. Y claro, ahí se operó la Reforma Energética a través de Emilio Lozoya, en beneficio de la constructora brasileña Odebrecht.

La erradicación de la corrupción, un reto cultural




Para la 4T, la lucha contra la corrupción no tiene tregua. El destierro de la corrupción del quehacer público es el objetivo más importante del Gobierno Federal. Desde 2006, cuando López Obrador era candidato a la presidencia, la lucha contra a la corrupción ocupaba un lugar primordial en su proyecto de nación. Catorce años después, no sólo sigue formando parte de su discurso, sino que ocupa un lugar protagónico en la agenda política nacional.


Esta obsesión por combatir la corrupción viene de una comprensión clara del comportamiento de ese gran elefante reumático que es el servicio público; del entendimiento del impacto que tienen las relaciones de coyotaje, nepotismo, impunidad y derroche que acostumbran los servidores públicos, en la economía familiar; y del papel que funge la corrupción como creadora de desigualdad. ¿Qué mejoras tendría la situación de los campesinos si hubieran podido vender sus productos de manera directa a sus compradores sin depender de los intermediarios? ¿Cuántos millones de dólares y años de trabajo les han sido arrebatados por la relación de mutuo interés que existe entre los intermediarios y los compradores finales? ¿En dónde estaba la autoridad agraria para impedir este abuso?

El caso de los injustos pagos a la producción agrícola es solamente uno de los miles que podrían citarse, pero es muy importante porque el debilitamiento del sector agrícola trajo la crisis de la soberanía alimentaria en el país, y la consecuente dependencia a las importaciones de diversos alimentos, algunos tan importantes como el maíz. Este caso es ejemplar. Pero hay otros, como el de las concesiones de suelo mexicano a empresas extranjeras -principalmente mineras- que ascendieron, desde el sexenio de Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto, a ciento diecisiete millones de hectáreas, enajenando el cincuenta porciento del territorio mexicano en beneficio de particulares. ¿En dónde estaba la autoridad para impedir semejante atropello de derechos? ¿Qué papel jugaron los políticos en este despojo?

Desde esta perspectiva, la lucha contra la corrupción se convierte en la puerta para avanzar en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, y a favor de la distribución de la riqueza. Aunque, a diferencia del Presidente, no considero que la erradicación de la corrupción tenga como resultado inmediato la eliminación de la desigualdad, pues las causas de ésta se encuentran también en la acumulación del capital en pocas manos, en la explotación laboral de unos cuantos, y en la concentración de la propiedad privada, así como en el monopolio de los medios de producción.

Sin embargo, gran parte de la pobreza y la desigualdad acumuladas en el periodo neoliberal, se produjeron en ese gran salón intangible de la desigualdad donde se negociaban los intereses de los particulares en menoscabo del futuro de los mexicanos.


Consciente de esto, López Obrador, crea y aplica a su gobierno la antítesis de la corrupción: la transparencia y la austeridad republicana. Sabe que la corrupción no se erradica sólo enjuiciando exfuncionarios, sino que su exilio depende primero de la congruencia -para eso predica con el ejemplo a través de la transparencia y la austeridad-, y después de la punibilidad y estigmatización de lo corrupto -y para eso enjuicia funcionarios y evidencia las redes de corrupción. Hábilmente señala y actúa, demostrando que la corrupción tiene una consecuencia judicial, y que es el producto de las costumbres del quehacer público neoliberal. Estamos entonces no sólo ante un reto judicial, sino ante un reto cultural.



El inicio de una revolución político-ética


La corrupción forma parte de la cultura política, es un acto que se consuma diariamente. Está integrada al quehacer público. Basta con recordar las tristemente célebres frases: “El que no tranza no avanza” o “Político pobre, pobre político”, ambas acuñadas en el período del saqueo.

Por eso, la jugada de López Obrador está pensada para trascender al encarcelamiento de algunos exfuncionarios. No se trata sólo del show mediático que nos promete el juicio contra los corruptos, sino que estamos frente a la transformación de los métodos, tonalidades y objetivos de las relaciones del poder. La lucha contra la corrupción pretende cimentar un gran cambio en el quehacer público, es decir, dar comienzo a la transformación de la cultura política en el país, que derivará en el inicio de una revolución político-ética.



Además, toda transformación cultural se desarrolla paulatinamente y es catalizada mediante sucesos específicos que le van dando rumbo. El caso Lozoya es ese suceso específico que sirve de catalizador para la transformación de la cultura política. En otras palabras, el encarcelamiento del ex Director de PEMEX y las implicaciones políticas y judiciales que tendrán las dieciocho horas de grabaciones de sobornos a legisladores, serán un parteaguas en el quehacer público.


Marcará el final de la época donde la corrupción era un fantasma sin rostro, dando paso a una etapa donde la corrupción tendrá nombre y apellido. La delincuencia de cuello blanco -que roba para acumular riqueza y que produce desigualdad- ya no podrá esconderse tras la seguridad que le ofrecía el poder político y que le conferían sus relaciones familiares, sociales y universitarias. El cambio de época ante el que estamos comienza con la estigmatización y judicialización de lo corrupto. En otras palabras, a las cosas se les va a empezar a llamar por su nombre.

De lograrlo, la 4T dejará cimentada una verdadera revolución político-ética, y con ella tendremos la oportunidad de dar pasos adelante hacia un país donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, a través de políticas que impidan la desproporcionada acumulación de la riqueza de pocos y la miseria de muchos.


Diego C. Valdez

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  Diego C. Valdez