La violación a la autodeterminación ambiental


Hoy día nos encontramos en un estado mundial de agitación política, social, económica y ambiental. Es importante mencionar lo ambiental pues parte de los conflictos que se están vislumbrando son los relacionados con la protección del medio ambiente, ya que estamos al borde de destruir nuestro hábitat. Esta decadencia se ha profundizado desde que, bajo la industrialización y el neoliberalismo, se dieron las pautas para una explotación acelerada de los recursos naturales con fines económicos y de consumo. Con esto se pretendía asegurar que ninguna persona careciera de los derechos básicos para la subsistencia, sin embargo, la población quedó aún más polarizada.


Pueblos que habitaron nuestro planeta antes que nosotros pensaban que la tierra, la naturaleza, estaba viva y por ello su cosmovisión estaba totalmente ligada al tema ambiental, a su protección y a su profunda conciencia ecológica. Sin embargo, hoy en día esta conciencia sólo permea en las comunidades indígenas que conservan sus tradiciones, cosmovisiones y las expresan en sus formas de vida casi simbióticas con la naturaleza, que nada tienen que ver con las rutinas consumistas de las ciudades y de las grandes urbes donde se asientan empresas, consorcios y gobiernos que marcan los esquemas de produccion, distribución y consumo desmedidos, mismos esquemas que han golpeado fuertemente los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos de nuestro planeta.


Pueblos indígenas en México


Los territorios ancestrales indígenas abarcan el 22% de la superficie terrestre y albergan el 80% de la diversidad biológica del planeta, lo que convierte a los pueblos indígenas en custodios de los ecosistemas y los recursos naturales. Ante este escenario cabe destacar el papel que estos pueblos han tenido en el combate a la depredación ambiental, pues incluso algunos pobladores de estos pueblos han optado por acciones directas y con grandes riesgos personales para asegurar la protección de su medio ambiente, poniendo obstáculos a la matanza de seres vivos o tratar de impedir la destrucción de mares, bosques, ríos, selvas, etc. Ellos buscan maneras diversas de despertar la conciencia pública acerca de los daños que generan los procesos de la industria y proyectos en sus tierras, tales como los proyectos de infraestructura, turísticos, expansión urbana, generación energética, megaproyectos extractivos, monocultivos, entre muchos otros. Estos proyectos no sólo amenazan a estas áreas naturales sino que vulneran los derechos de las comunidades indígenas poniendo en riesgo sus medios de vida y la conservación de los ecosistemas forestales, así como la diversidad biológica. Quisiera decir que todas estas acciones han tenido éxito, sin embargo, en América Latina como en México, ser activista ambiental es un gran peligro.


Alejandra Leyva, del CEMDA mencionó en la presentación del Informe 2019 de Agresiones contra defensores del medio ambiente, que a escala mundial hay 17 países megadiversos en los que se tienen mayor riqueza biológica donde se cometen más asesinatos contra defensores. Estos casos son los de Filipinas, India, Brasil, Guatemala y México. Agregó que más de la mitad de las agresiones en el mundo fueron cometidas en América Latina siendo el sector minero el más agresivo con los defensores del medio ambiente.

Entre 2012 y 2019 hubo 83 asesinatos contra defensores ambientales. Durante el sexenio de Peña Nieto se cometieron 68 y en 2019, 15. Además, en ese periodo hubo 499 ataques, de los cuales 39 fueron perpetrados en 2019 y el 20% se fueron promovidos por el sector energético; el 21% de este registro corresponde a asesinatos; el 19% a amenazas y el 15% a su criminalización. Oaxaca fue la entidad durante este periodo con más ataques, seguido de Sonora, el Estado de México y Puebla.

Alejandra Leyva Hernández


Esta estadística demuestra que los defensores se enfrentan a un panorama de gran violencia profundizado no únicamente con las brechas de desigualdad económica y social sino también provocado por empresas y gobiernos que los atacan y presionan para imponer sus proyecto, violentando el derecho a la libre determinación. Muchos de estos activistas mueren por defender este derecho fundamental.


La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reconoció que poco se puede hacer para detener las agresiones contra los defensores de los recursos naturales y el territorio, debido a que se tiene un sistema judicial débil, así como un sistema normativo ambiguo y sin presupuesto. Durante este año, la SEMARNAT admitió que ni siquiera la pandemia ha puesto un alto a estos ataques, pues durante la emergencia sanitaria han sido asesinados 10 activistas en Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Sonora.

Por este motivo, en los últimos dos años el número de activistas y colectivos que han solicitado seguridad al Estado ha crecido exponencialmente, sobre todo en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua.


Nuestra tarea es entender y valorar el papel que desempeñan diversos grupos que luchan por una verdadera justicia ambiental y por transformar las posibilidades de un cambio socio-ambiental, grupos que son constantemente amenazados y relegados del sector disidente del país. Conseguir esta tarea sigue siendo una meta bastante difícil en México. Este es un triste escenario dado que o se termian de comprender que la justicia social, la sustentabilidad económica, la salud y la gobernabilidad de las comunidades son factores importantes para garantizar que todas las personas tengamos acceso a una mejor calidad de vida.


Giovanna Melissa Romero Sánchez